COCEMFE Barcelona denuncia la desesperante espera de las personas con discapacidad para tener una valoración adecuada

  • Una fila de personas ha denunciado en la Plaça Sant Jaume los retrasos existentes en España para la valoración de la discapacidad
  • COCEMFE Barcelona y su Movimiento Asociativo han exigido terminar con las esperas de hasta 36 meses para tener la valoración y de 20 años para renovar el baremo de discapacidad
  • Un total de 18 filas repartidas por España frente a edificios públicos han protestado contra esta espera y el impacto que provoca en el ejercicio de los derechos de miles de personas

COCEMFE Barcelona ha denunciado este martes en la Plaça Sant Jaume de Barcelona, juntamente con su Movimiento Asociativo, la desesperante espera que miles de personas con discapacidad llevan viviendo desde hace años por una valoración a tiempo y una baremación actualizada.

Para ello, ha formado una fila de personas para simbolizar y denunciar las intolerables esperas que deben asumir las personas con discapacidad para poder acceder a sus derechos debido a los retrasos existentes, tanto en la valoración del grado de discapacidad, como en la implantación del nuevo baremo de discapacidad. Según datos de la Generalitat, en Cataluña hay 40000 personas en lista de espera, 28154 pendientes de la primera valoración y 11764 esperando la revisión del grado de discapacitat.

Este acto, organizado con motivo del Día Nacional de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, ha contado con la participación de una representación de COCEMFE Barcelona, encabezada por Montserrat Pallarès, su presidenta, quienes junto a las personas que actualmente permanecen a la espera de su valoración o de que se renueve el baremo actual, han exigido terminar con esta situación.

Durante sus intervenciones se ha denunciado que no recibir una valoración o una revisión del grado de discapacidad a tiempo perjudica a las personas con discapacidad en el empleo, la educación, la accesibilidad, la salud y también les impide acceder a prestaciones que compensan la desigualdad de oportunidades.

En concreto,  COCEMFE Barcelona y sus organizaciones han explicado que el tiempo de espera es variable dependiendo de la comunidad autónoma en la que nos encontremos, pero incluso dentro de un mismo territorio o una misma provincia encontramos diferencias notables al respecto. En la misma ciudad puedes encontrar un tiempo de espera medio de 11 meses y personas que tardan hasta 36 meses en conseguir tener la valoración.

En los casos más graves, hay personas que han fallecido antes de tener la resolución y han tenido que estar durante todo ese tiempo de espera sin recibir apoyos en el momento en que más los necesitaban.

El Movimiento Asociativo de COCEMFE hace hincapié en la importancia de concreción y rapidez en estos trámites para saber si las personas con discapacidad van a tener acceso o no a ciertas prestaciones o medidas de apoyo.

A todo esto, se suma el nuevo baremo de discapacidad, cuya espera asciende a más de 20 años. En este sentido, han destacado la urgencia de poner en marcha el nuevo baremo del grado de discapacidad, el cual ha sido consensuado entre organizaciones, como COCEMFE nacional, con el Gobierno y las comunidades autónomas.

Aunque el nuevo baremo no es ideal, porque no aporta certezas sobre su despliegue y no indica qué elementos va a incorporar frente a los grandes retrasos en la valoración y revisión del grado de discapacidad y frente a la infradotación de recursos en los servicios, que dificulta y condiciona la implantación, es necesario que se ponga en marcha porque incorpora mejoras para el reconocimiento de situaciones vinculadas a la discapacidad orgánica, como la fatiga o el dolor, enfermedades reumatológicas o enfermedades que cursan con brote.

Esta fila ha formado parte de la campaña #EsperaYDesespera de COCEMFE nacional que ha sumado hoy de forma simultánea un total de 18 filas frente a edificios públicos repartidas por España han protestado contra esta desesperante espera y contra el
impacto que provoca en el ejercicio de los derechos de miles de personas. Dicha campaña está financiada a través de las subvenciones para la realización de actividades de interés general consideradas de interés social de la convocatoria del 0,7 del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.