• La presidenta de COCEMFE Barcelona moderó una mesa con la presencia de Montserrat Buisan, directora corporativa de programas sociales de Fundació La Caixa; Ana Muñoz de Dios Catro, directora general de Fundación Íntegra; y Cristian Rovira Pardo, vicepresidente del Grupo Sifu
• La mesa sobre la inclusión social abogó por el compromiso de todos los agentes implicados.

La Barcelona New Economy Week (BNEW) es un acontecimiento que conecta empresas de diferentes sectores, como el logístico, el inmobiliario o la industria digital, para establecer las claves de la nueva economía, centradas, entre otros, en la sostenibilidad, la movilidad, el talento y la ciudad. En el marco de esta iniciativa, creada por el Consorci de la Zona Franca de Barcelona, se ha llevado a cabo una mesa redonda sobre inclusión social, moderada por la presidenta de COCEMFE Barcelona, Montserrat Pallarès, y con Montserrat Buisan, directora corporativa de programas sociales de Fundación La Caixa; Ana Muñoz de Dios Catro, directora general de Fundación Íntegra; y Cristian Rovira Pardo, vicepresidente del Grupo Sifu, como ponentes.

En este encuentro se puso de manifiesto la rentabilitat social y económica de apostar por la inclusión de personas en riesgo de exclusión en las empresas. A pesar de que se ha avanzado en los últimos años, todavía cuesta que muchas compañías crean en ello, como explica Cristian Rovira: "Tenemos que demostrar desde el primer día que estas personas hacen bien el servicio por el cual se les contrata, no se les presupone. Falta pedagogía en este aspecto".  La valoración de las empresas de la experiencia siempre acaba siendo positiva y los lleva a repetir, relata Ana Muñoz de Dios: "Una vez las tienen adentro descubren que son las personas más trabajadoras e implicadas en el trabajo y te piden más gente". 

Para Montserrat Buisan la clave para la inclusión social está en el compromiso de todos los agentes implicados: "Las necesidades emergentes requieren de alianzas intersectoriales entre la empresa, la administración pública, las entidades y la sociedad. Se tienen que situar a las personas en el centro". También se exigió el cumplimiento de la ley que obliga a que las empresas públicas y privadas con más de 50 trabajadores/as tengan como mínimo un 2% de personas con discapacidad a la plantilla, algo que a menudo no se cumple, ni siquiera en la administración.